FSC-CCOO Andalucía | 11 mayo 2026.

CCOO afirma que la Ley de Eficiencia de Justicia no está cumpliendo sus objetivos

  • El Sector de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Andalucía (FSC CCOO-A) critica que se haya puesto en marcha sin los recursos necesarios y asegura que, actualmente, los tribunales de Instancia de la provincia funcionan sin una estructura organizativa eficaz y sobreviven gracias al esfuerzo mastodóntico del funcionariado.

09/04/2026.
Imagen de la Ciudad de la Justicia de Córdoba

Imagen de la Ciudad de la Justicia de Córdoba

El Sector de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Andalucía (FSC CCOO-A) afirma que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia no está cumpliendo sus objetivos y, por el contrario, está generando una sobrecarga de trabajo en el personal de la administración de justicia, lo que se traduce en un empeoramiento del servicio que se presta a la ciudadanía, generando inseguridad jurídica.

“La Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia nació con el apoyo parcial de los agentes sociales y como principal efecto supone la transformación de la planta judicial de los órganos unipersonales en tribunales de Instancia. Surge con un fin primordial, que es el de la especialización, lo que, acompañado a una supuesta modernización de los medios digitales, pretende acabar con la carga de trabajo y pendencia de los antiguos órganos unipersonales y tribunales, tal y como los veníamos conociendo”, recuerda el delegado de CCOO en el sector de Justicia Carlos Gracia Hidalgo de FSC CCOO de Córdoba, quien asegura que “a nadie se le escapa,  y no hay que ser un experto en la materia, que para implantar una reforma como la operada se hace absolutamente necesaria  una inversión en medios personales y materiales. Pues bien, esta ley nace con un coste cero para la administración, tanto en lo personal como en lo material”.

Para paliar la falta de inversión se ha pretendido agilizar los procesos mediante recursos compartidos. “Esto sobre el papel suena muy bonito, pero realmente lo que han conseguido, sobre todo en los partidos judiciales grandes, es un simple cambio carente de toda eficiencia organizativa. Actualmente en Córdoba los tribunales de Instancia funcionan sin una estructura organizativa eficaz y sobreviven gracias al esfuerzo mastodóntico que el funcionariado de Justicia realiza día a día para la tramitación de los procedimientos, habiéndose visto ampliada en muchos casos la ratio de asuntos que tramitaban con la antigua organización, que ha sido superada en más del doble en los casos más sangrantes”, afirma Gracia.

Otras de las soluciones que pretende aportar esta Ley de Eficiencia es la resolución de conflictos por medio del dialogo (MASC -Medios Adecuados de Solución de Controversias-). El representante de CCOO hace hincapié en que “la intención es buena, eso no puede negarlo nadie, pero el personal no ha recibido ninguna formación para aplicar este criterio”.

“Otro de los puntos clave para que esta ley funcione y no genere la inseguridad jurídica que hasta la fecha está generando, pasa por la necesidad de la creación de mesas de trabajo para unificar criterios. En la actualidad esto sigue sin darse, estando a la buena voluntad o iniciativa de los encargados de la implantación. A día de hoy, estas mesas de trabajo brillan por su ausencia o si se realizan, no cuentan con todos los agentes sociales, ya que no se da voz al personal funcionario ni a las organizaciones sindicales, que son los que realmente sufren la falta de eficiencia”, remarca Gracia.

A todo esto, CCOO indica que se une que no se ha hecho un estudio de las cargas de trabajo para dimensionar la nueva estructura de la oficina judicial, con lo que el reparto no puede ser equitativo. “Igualmente, la Junta de Andalucía no está cubriendo las vacantes por IT, ni las comisiones de servicio o sustituciones, por lo que en la actualidad contamos con una plantilla mermada en más de 30 funcionarios y funcionarias. Si le sumamos que tampoco se ha hecho una valoración de riesgos de los nuevos puestos de trabajo, podemos observar que este barco pierde agua por todos lados”, afirma el delegado sindical.

“Todo ello se traduce inevitablemente en que el verdadero perjudicado es el justiciable, la gente de la calle que pretende que se solucionen sus problemas legales en un tiempo prudente y lo que se encuentran es una administración descabezada y sin visos de que se reorganice eficazmente, al menos no con esta ley tal y como está planteada”, apostilla Gracia.