FSC-CCOO Andalucía | 11 mayo 2026.

FSC-CCOO exige más personal público para atender la regularización de migrantes

    Desde el Sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO se apoya este proceso, pero indican que no se ha tenido en cuenta el escenario actual por el que atraviesa la Administración.

    14/04/2026.
    Función Pública. Empleo Público

    Función Pública. Empleo Público

    El Sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO, que comparte plenamente el proceso de regularización de personas migrantes aprobado hoy por el Consejo de Ministros, advierte de que supone una carga de trabajo adicional para los servicios públicos de la Administración General del Estado (AGE) a corto, medio y largo plazo. Exige más personal público para atender esta demanda y denuncia la externalización planteada por el Gobierno a través de Tragsa por suponer un mayor coste económico y una peor garantía para los derechos de la ciudadanía.

    CCOO alerta de que la ciudadanía que entre en el sistema a través de esta regularización, seguirá un proceso administrativo que tendrá un alto impacto y afectación al servicio público en sus distintas fases, debiendo ser abordado de manera adecuada con los planteamientos necesarios de dotación en materia de recursos humanos y materiales. Para ello consideran que es precisa una evaluación a corto, medio y largo plazo del escenario que va a suponer una plena integración sobre derechos que se pretenden consolidar. También un soporte económico, donde se establezca una metodología de financiación de acompañamiento, siendo necesario mejorar la actuación de la Administración General del Estado dotándola de suficientes medios como clave de una gestión migratoria eficiente y coherente con la defensa del empleo público, con calidad y eficiencia de los servicios prestados por empleadas y empleados públicos.

    En el ámbito de la AGE, este proceso afectará a ámbitos específicos como el Ministerio del Interior; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Oficinas de Extranjería; el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; el Ministerio de Infancia y Juventud; la AEAT; el INE, así como a los Servicios Públicos de Empleo, ámbitos ya muy debilitados debido a la falta de plantillas y altas cargas de trabajo. 

    Este proceso lleva aparejada la externalización de un servicio público con la contratación de 150 personas a través de TRAGSA, para la gestión material y apoyo técnico en la tramitación de solicitudes, con lo que implica en la debida protección de datos y documentos públicos durante la fase de tramitación, resultando incompatible con la defensa del servicio público prestado por personal público.

    CCOO ha denunciado en repetidas ocasiones estas externalizaciones puesto que lo consideran “un deterioro constante del servicio público esencial que se presta con presupuesto público y que debería estar orientado a mejorar las condiciones de trabajo de las plantillas de la AGE”.

    “Desde el Sector de la Administración General del Estado de CCOO apoyamos este proceso, pero es evidente que no se ha tenido en cuenta el escenario actual por el que atraviesa la Administración. Las plantillas son escasas y tienen bajas retribuciones. No existe cita previa en muchos de los organismos que se verán afectados. Hay un goteo constante de jubilaciones, con OEP escasas que no consiguen recuperar empleo público. Se da la paradoja de que un alto porcentaje de personas que superan el proceso selectivo no toman posesión del puesto debido a la imposibilidad de conseguir una vivienda digna en el destino adjudicado”.

    El sindicato considera que no se ha realizado una planificación a corto, medio y largo plazo para prever qué ocurrirá una vez finalizado el trámite de recogida de documentación y se expida el permiso de carácter temporal. “Durante un año este colectivo de personas regularizadas tendrá acceso a residir y trabajar de manera legal e, igualmente, a solicitar las prestaciones a las que pudieran tener derecho. Esto implica acudir a unos servicios públicos prestados por empleadas y empleados públicos ya exhaustos donde vemos muy difícil gestionar el flujo de trabajo que esto implicará”.