FSC-CCOO Andalucía | 7 febrero 2026.

FSC-CCOO denuncia posibles irregularidades en el proceso para acceder al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social

    Se trata de la convocatoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la provisión de puestos del Cuerpo Administrativo de la Seguridad Social (C1), correspondiente a la OEP de 2024, en la que se ofertaron 1.250 plazas.

    26/01/2026.
    Cursos, formación, interinidad y oposiciones

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    La sección sindical estatal de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) en la Seguridad Social denuncia posibles irregularidades en la celebración del proceso selectivo convocado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la provisión de puestos de trabajo del Cuerpo Administrativo de la Seguridad Social (C1), y correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2024, en la que se ofertaron 1.250 plazas. Estas presuntas irregularidades podrían afectar al correcto desarrollo del proceso y al cumplimiento de los principios que deben regir el acceso al empleo público.

    FSC-CCOO ha solicitado formalmente a las personas responsables del Ministerio, y a la propia ministra, las aclaraciones oportunas, así como la revisión de aquellos aspectos que pudieran no ajustarse plenamente a la normativa vigente, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la seguridad jurídica de todas las personas participantes.

    Desde CCOO, hemos tenido conocimiento el pasado 21 de enero de 2026 de que el propio Ministerio ha instado a la elaboración del informe preceptivo y a la intervención de Fiscalía, aunque no disponemos actualmente de información formal por los cauces legales, a pesar de nuestras demandas.

    Esta situación nos preocupa y desde el sindicato confiamos en que el órgano convocante adopte las medidas necesarias para asegurar el correcto desarrollo del proceso selectivo y preservar la confianza en los procedimientos de acceso al empleo público.

    Nuestro compromiso con la defensa de un empleo público basado en criterios objetivos y transparentes nos obliga a la exigencia de información y depuración de responsabilidades que garanticen el respeto a los derechos de las personas aspirantes y la credibilidad de las instituciones públicas, que deben prevalecer frente a cualquier práctica irregular.