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Desde la lucha contra la precariedad de los servicios públicos en defensa del empleo en la Junta de Andalucía

  • “Hay que concluir en el menor tiempo posible los procesos de estabilización, acabar de una vez por todas con las tasas de reposición en el sector público y exigirle a cualquier gobierno, en la Junta de Andalucía, en el estado y en cualquier otra administración, que se comprometan a mantener unos servicios públicos básicos para toda la ciudadanía. Ya vamos tarde, hoy mejor que mañana…”

17/11/2022. Artículo de opinión: Pablo López del Amo, coordinador del sector Administración Autonómica de FSC CCOO de Andalucía.
Pablo López del Amo, coordinador del sector autonómico de FSC CCOO de Andalucía

Pablo López del Amo, coordinador del sector autonómico de FSC CCOO de Andalucía

También en la administración General de la Junta de Andalucía, además de en educación y sanidad, asistimos atónitos a un nuevo proceso de disminución de servicios públicos y precarización de las condiciones de trabajo. Aún siendo las plantillas de trabajo ya cortas, extenuadas y envejecidas que harían inviable la continuidad a medio plazo de cualquier empresa, la Junta de Andalucía continúa con su proceso de demolición de todo lo público, hurtándole a la ciudadanía servicios y precarizando el trabajo.

Centros educativos con déficit de personal de limpieza, cocina o atención educativa, centros de mayores y menores cada vez más con menos personal y usuarios, museos cerrados en todo o en parte, servicios de carretera deficitarios, personal de medio ambiente que no llega a cubrir los cuadrantes de incendios y atención, presas sin suficiente personal de atención, oficinas de empleo en precario y un largo etcétera que afecta a los derechos de la ciudadanía a tener unos servicios públicos necesarios y suficientes.

La excusa perfecta es la nueva Ley contra la temporalidad del gobierno de la nación y la tasa de reposición impuesta, y nunca derogada, por los dos partidos mayoritarios en nuestro país. Nadie dice nada de la cantidad de vacantes sin cubrir previamente. Nadie dice nada de la cantidad de años que llevan unos y otros adelgazando lo público, disminuyendo las relaciones de puestos de trabajo y dejando tiritando los servicios. Nadie dice que todavía no están resueltas las ofertas de empleo público de 2017 y que cinco años más tarde, el personal que ocupa esas plazas continua en precario, o ya jubilados, o teniendo que presentarse a todos los procesos selectivos que salgan hasta tener su plaza definitiva por desidia, mala fe o simplemente por una falta de personal endémica en los servicios de función pública de la Junta de Andalucía que marcan el ritmo a todos los demás.

Nadie habla de las más de ochocientas personas en administración general y otros cientos en el sector público instrumental que le han ganado su plaza a la Junta de Andalucía por hacer trampas con sus contratos, por prestamismo laboral o por mantener en condiciones precarias e ilegales a personal que en cualquier empresa hubiera sido ya indefinido hace ya muchos años.

En la última semana de octubre, todavía quedaban seiscientas vacantes de tasa de reposición que se podían cubrir sin tener personal que la ocupe. Al parecer por desidia, dejadez, mala fe o alguna explicación que no llegamos a entender de algunos centros directivos. Desde la Dirección General de Función Pública nos consta que se está instando a su cobertura, pero aun así, no será suficiente.

Los procesos de estabilización y las ofertas ordinarias permitirán tener y mantener empleo público y servicios. La nueva Ley de temporalidad permitirá que la administración de la Junta de Andalucía no nos vuelva a hacer trampas con sus necesidades básicas de personal y nunca exceda del 8% el porcentaje de temporalidad, pero no puede ser excusa para no cumplir con las obligaciones que tiene como administración.

Lo cierto es que si no hay una apuesta decidida por mantener unos servicios públicos básicos a la sociedad estaremos predestinados a la privatización, al aumento de costes a costa de nuestros impuestos, a la precariedad en las contrataciones y al aumento de las desigualdades sociales. Solo con dinero se compraran servicios y las personas que no tengan el suficiente pasarán a ser ciudadanos de segunda en un país supuestamente democrático y con gobiernos que tendrían que tener como premisa el bienestar de su población y no los intereses de grandes corporaciones o empresas.

Hay que concluir en el menor tiempo posible los procesos de estabilización, acabar de una vez por todas con las tasas de reposición en el sector público y exigirle a cualquier gobierno, en la Junta de Andalucía, en el estado y en cualquier otra administración, que se comprometan a mantener unos servicios públicos básicos para toda la ciudadanía. Ya vamos tarde, hoy mejor que mañana…