Día Mundial del Agua 2023
Este miércoles, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua. Este día mundial se estableció a instancias de Naciones Unidas para concienciar a la población e impulsar acciones que permitan hacer frente a la crisis del agua y el saneamiento. El lema de este año es #Acelerar el cambio para lograr el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) # 6: Agua y saneamiento para todos de aquí a 2030.
A día de hoy, nos encontramos muy lejos de conseguirlo. Miles de millones de personas en todo el mundo todavía viven sin agua potable y saneamiento gestionados de forma segura, a pesar de que el acceso a ambos servicios se ha reconocido durante mucho tiempo como un derecho humano.
Por ello, más de 400 organizaciones en defensa de los pueblos indígenas, ecologistas, movimientos sociales y sindicales como la CS CCOO han suscrito un Manifiesto por la justicia del agua ante la Conferencia de Naciones Unidas que celebra desde hoy y hasta el 24 de marzo en Nueva York.
El manifiesto por una “Justicia Hídrica” se presenta hoy a las 18 en Nueva York: porque “el agua es un bien común y no una mercancía”
Desde la Secretaría de Medioambiente, Igualdad y Movimientos Sociales apoyamos también el Manifiesto y os animamos a conocer su contenido y difundir su apoyo en redes #JusticiaHídrica, #AguaParaTodas
Pero, además, la falta de un saneamiento adecuado supone la contaminación y el deterioro de ecosistemas por aguas residuales procedentes de hogares —retretes, fregaderos, desagües y canalones— que vuelven a la naturaleza sin que se elimine su contenido nocivo. A nivel mundial, el 44 % de las aguas residuales domésticas no se tratan de forma segura (ONU-Agua, 2021).
Aparte del deterioro medioambiental, un mal tratamiento de las aguas residuales genera muertes y problemas graves de salud en las personas trabajadoras del ciclo integral del agua.
En España hay 12.350 personas que trabajan en el alcantarillado y depuración de aguas residuales y en muchas ocasiones su trabajo se hace en condiciones peligrosas e insalubres.
La prestación de este servicio, desconocido para la ciudadanía, es pública, pero está gestionado mayoritariamente por empresas privadas especializadas y olvidado por las administraciones.
Desde el 13 de febrero de 2023, el sector del Ciclo Integral del Agua de FSC-CCOO ha lanzado la campaña ‘Trabajar con mie*** no significa trabajo de mie***’, con la que se reivindica una prevención de riesgos laborales adecuada, el registro de las enfermedades profesionales que se producen, y el establecimiento de coeficientes reductores para la edad de jubilación.
Las depuradoras se construyeron para descontaminar el agua (residuos fecales de hogares, vertidos permitidos o incontrolados de fábricas...) y devolverla al medio en las mejores condiciones posibles, pero a la falta de inversión en el mantenimiento se suma la inadecuación de las estaciones depuradoras para la eliminar sustancias peligrosas y microorganismos que pueden terminar contaminando acuíferos, ríos, mares y tierras de cultivo.
Las políticas del agua deben priorizar la gestión sostenible de los ríos, lagos, humedales, manantiales y acuíferos, garantizando su buen estado ecológico en el marco del derecho humano a un medioambiente saludable, y como clave para afrontar las crisis de contaminación, deforestación, desertificación, pérdida de biodiversidad y cambio climático en curso.
Sin embargo y a pesar de las obligaciones que imponen las legislaciones europeas, estatal y autonómicas, humedales tan significativos como las Tablas de Daimiel o Doñana agonizan por falta de un caudal suficiente de agua y otros ríos como el Tajo ven sus cauces deteriorados por una mala depuración de las aguas residuales, trasvases intercuencas contrarios a la Directiva del Agua, etc.
Precisamente, una deficiente depuración ha ocasionado a España la mayor multa de la historia de la Unión Europea por incumplimientos reiterados de una directiva de 1991 relativa a la depuración de aguas residuales en municipios o aglomeraciones de más de 15.000 habitantes. La multa asciende a más de 53 millones de euros. Esta sanción impuesta por el Tribunal europeo se revisa semestralmente a razón de 11 millones/semestre en tanto persista el incumplimiento en las nueve localidades que restan por adaptarse a la normativa comunitaria.
Aparte del impacto económico sobre las arcas públicas, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, como miembro de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU) defiende un cambio de modelo en la gestión del agua basado en lo público y en la sostenibilidad.
Nos toca pues seguir defendiendo lo público y la gestión pública de los bienes esenciales para la ciudadanía.
